El mito de "los guerrilleros fueron juzgados legalmente con el gobierno de Lanusse" (La Cámara Federal de 1971)
Las pretensiones legalistas van más allá de Lanusse, asi que sintéticamente los argumentos esgrimidos por el apologismo se reducen a:
1-Lanusse creó una Cámara Federal que juzgaba legalmente el terrorismo, con todas las garantías
2-Llegado el gobierno de Cámpora, se liberó los guerrilleros (la amnistía), haciendo el esfuerzo jurisprudencial baldío
3-Los "terroristas" asesinaron a un juez, amenazaron a otros para exiliarse, etc. Desde ese momento, se "juró" que nunca más se iba a juzgar legalmente al terrorismo
Aquí Victoria Villarruel dando cátedra de estos argumentos:
https://youtu.be/HW1kNjW8Ml4?t=320
O en el siguiente artículo de La Nación del año 2009, Villarruel opina de esto:
Por su lado el imbécil de Nicolás Márquez en un video de su canal arroja una cifra de 2.000 guerrilleros liberados por Cámpora....
algo que se contradice totalmente con la evidencia. Solo por dar un ejemplo, el represor Héctor Vergez (integrante del Batallón de Inteligencia militar 601 y famoso torturador de La Perla) en su libro "Yo Fui Vargas" indica que el Ejército había calculado para el año 1973 unos 1.100 "terroristas" de los cuales 750 estaban presos, asi que no pudo haber jamás 2 mil que fuesen guerrilleros arrestados cuando la represión ni siquiera calculaba un número de 2 mil totales. Pag. 64:
Ya vamos a seguir rompiéndole el ojete al pobre de Nicolás Márquez en los restantes renglones
Victoria Villarruel again, en este video, minuto 28:16:
Todo ello es una tergiversación de la realidad. Pero antes de explicar, hay que entender que se trata de una maniobra distractiva de los apologistas, puesto que la guerrilla nunca superó los 1.500-2.000 combatientes en su apogeo (año 1975) (véase los apartados correspondientes del blog que hablan del número de combatientes). Todo este tema de la Cámara Federal de Lanusse no explica en absoluto el fenómeno represivo a partir del año 1975, que se dedicó a arrasar con lo poco de la guerrilla y desaparecer a miles de personas ajenas al "terrorismo", además de aplicar el encarcelamiento a disposición del PEN en cantidades ingentes. No es únicamente una maniobra de distracción, es además un muy burdo justificativo de la represión ilegal de la mano de Victoria Villarruel y otros
Los represores como Miguel Etchecolatz, Roberto Viola o Acdel Vilas tienen una opinión un poquito diferente a Villarruel sobre este tema. Ya veremos más adelante lo que dijeron estos personajes
Según dicen los apologistas, el golpe de Estado y la consecuente represión ilegal fue la reacción natural al tremendísimo peligro que representaba la guerrilla para las instituciones democráticas del país. El Ejército, con mucho arrojo y coraje, tuvo que enfrentar tan apocalíptica amenaza, porque al parecer no se podía perseguir y juzgar legalmente a un grupito de menos de 2.500 combatientes guerrilleros que provocó 400 muertos desde 1970 hasta el año 1976 (menos que la delincuencia común actual en 1 año). Terribilísima amenaza la guerrilla a la que tuvieron que enfrentarse las fuerzas armadas (se supone que les tenemos que creer)
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Según nos quieren hacer creer algunos trasnochados como el Tata Yofre o Nicolás Márquez, la abolición de la Cámara Federal de Lanusse fue el punto de inflexión del desborde guerrillero..... o sea, un desborde con 3,17% de letalidad en todos los atentados que le atribuyen los apologistas desde 1969 a 1979
En fin, la Justicia en el gobierno de Lanusse distaba de ser "legalista". Por empezar, su Cámara Federal fue un tribunal ad hoc, aunque eso sería el menor de los problemas. Lo más grave eran las acusaciones de tortura que recibió ese organismo, donde los detenidos tenían que confesar bajo tormentos y el juez no desestimaba esas declaraciones viciadas. Como así también el enjuiciamiento y penalización de delitos insignificantes como la literatura y propaganda callejera que supuestamente promovía la insurgencia comunista, o las huelgas
Ah! Tampoco se podía apelar un fallo judicial en esa Cámara
En el siguiente PDF, se analiza mejor las funciones de esa Cámara Federal:
https://www.aacademica.org/000-096/18.pdf
https://www.aacademica.org/000-096/18.pdf
Se hizo una denuncia fílmica en el año 1973, donde, entre otras cosas, se denunciaba el accionar de la policía y la Cámara Federal. La película es la siguiente y muestra tanto el accionar policial desmedido como escenas de tortura y las metodologías de desaparición del gobierno de Lanusse:
Para los morbosos (like me), los minutos 37:42 y 59: 42 de la película son las escenas de tortura. Esto, insisto, es un largometraje de 1973 y denuncia las acciones del periodo 70-72. No era la dictadura de Videla que todavía nadie sabía que iba a venir, era la "legalista" época de la Cámara Federal, que apologistas como Villarruel o Juan Yofre extrañamente tildan como un respeto a las garantías constitucionales ¡¡Con ese respeto!!
Pero más allá de si uno cree en la denuncia de la película, si cree en esas denuncias de tortura o no, más allá de algunas "omisiones" constitucionales que haya tenido la Cámara Federal (muy a pesar que Villarruel asegura que "se respetaban todas las garantías"), hay dos hechos indiscutibles del gobierno de Lanusse:
-La "ley de fuga" aplicada en Trelew con el asesinato de 16 guerrilleros o miembros de las organizaciones armadas
-Las desapariciones (y otros atentados) con responsabilidad de organismos paraestatales o de la policía. Las detenciones a disposición del PEN sin proceso
En estos hechos ¿Dónde estuvo la legalidad cacareada de la Cámara Federal??
En el siguiente documental se narra la masacre de Trelew y la Cámara Federal
En el gobierno de Lanusse se mezcló una falsa legalidad con la represión secreta.... lo mismo que en el último gobierno militar. Porque si vamos al caso, no es cierto que en la última dictadura todo el aparato legal fuese desmantelado: también el gobierno de 1976 condenó "legalmente" a guerrilleros
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Año 1982
Demostrando su cinismo, o su inconsciencia, Nicolás Márquez en este video afirma que se juzgó a la guerrilla con la ley en la mano, que las garantías de la Cámara Federal "no fueron cuestionadas"
¡¡¡Que no fueron cuestionadas!!!! Este hombre debe tener una absoluta convicción que nadie va a tomarse la molestia de revisar el dato
El mamarracho de Vicente Massot tilda a la Cámara Federal como el más puro y cristalino Derecho ¿Estamos hablando de un supuesto analista político, o de un comediante? Ni su amigo Márquez lo sabía
Ah!! me olvidaba: según el video del impresentable de Nicolás Márquez, unos 371 "terroristas" de los 2.000 detenidos por la Cámara Federal fueron condenados. Suponiendo que esos números sean correctos, la amnistía de Cámpora benefició en términos reales a 371 condenados, porque los restantes no estaban condenados sino en prisión preventiva. Para antes de mayo de 1973 la cantidad de asesinados por la guerrilla izquierdista difícilmente llegaba a 371 personas (hay un apartado en este blog sobre el número de muertos por la guerrilla), asi que no todos fueron condenados por asesinato ni tampoco todos los demás estaban en prisión preventiva por asesinato exclusivamente. Con la liberación de esas 371 personas el apologismo intenta construir el paradigma apocalíptico de la amnistía, del resurgimiento ultra-potente de la guerrilla, de la incapacidad para volver a juzgarla legalmente, etc. etc. etc.
En realidad no queda claro de dónde Márquez saca ese número (ya que no cita fuente) pero lo más importante: no clasifica esa cifra en los montos de las condenas, para además verificar qué peligro estaba combatiendo la "valiente" y "legalista" Cámara Federal. Los únicos datos con que contamos ahora, son los suministrados por la propia Cámara al diario La Opinión en 1972, que sustancian su actividad desde julio de 1971 a mayo de 1972. En cuanto a las personas con sentencia, la estadística es:
-Condenas de hasta 2 años se habían dictado contra 24 hombres y 2 mujeres (26 personas en total)
-De 2 a 5 años contra 11 hombres y 2 mujeres (13 personas total)
-De 5 a 10 años contra 6 hombres y dos mujeres (8 personas total, incluyendo el caso de Luisa Veloso)
-De 10 a 15 años contra 2 hombres
-De 15 a 20 años, contra 2 hombres
-De 23 absoluciones, 18 lo habían sido respecto de hombres y 5 de mujeres
extraído de este enlace pag. 10:
A estos datos habría que agregarle otras sentencias como la de los juicios sobre el caso Sallustro y Sánchez, que derivó en 2 reclusiones perpetuas, 4 a prisión perpetua, 2 a prisión de 12 años, 1 prisión a 11 años, 1 prisión a 10 años, 3 a prisión de 9 años, 1 prisión de 7 años, 1 prisión de 6 años, 1 prisión de 1 año y 6 meses, y 3 absoluciones
Y también hay que agregar unos 2151 sobreseimientos por autor no encontrado, 208 sobreseimientos sobre personas ya imputadas; además de 7 sobreseimientos provisionales y 3 sobreseimientos definitivos en una de las Salas de la Cámara durante instancia de plenario
Aún con la impunidad que otorgaba la inconstitucionalidad de esa Cámara Federal (que podía hasta saltearse la jurisdicción de las provincias sin pudor alguno), aún con ello la cifra de personas con bajas condenas (menos de 6 años de cárcel), sumada a las absoluciones, sobreseimientos (incluyendo los autores ignorados) o las pocas condenas a perpetua, o aún el escaso número de condenados en total a cualquier pena, son ilustrativas de cómo el apologismo exagera tanto la ofensiva de la guerrilla, como los poderes taumatúrgicos que le adjudican a la Cámara, a tal punto que supuestamente para el apologismo, al cerrar esta institución se abrió por consiguiente la caja de Pandora
Una fuerza "terrorista" cuyos integrantes terminan recibiendo más penas de 2 a 5 años, que perpetua o 15 años; es una fuerza poco peligrosa para los estándares de seguridad de una nación o desde el enfoque bélico/militar. Desvirtuando la tontería apologética en ambos sentidos expuestos
En el juicio a las juntas de 1985, el dato consignado por el imputado Jorge Rafael Videla en su cuaderno, habla de 8.927 causas iniciadas por la Cámara Federal y 283 sentencias condenatorias:
Pero nuevamente falta el detalle clave: cuántas de esas 283 personas fueron condenadas a penas muy elevadas que indicaran su peligrosidad (20 años de cárcel, prisión perpetua, etc.). No obstante, aún suponiendo la ficción que todas esas 283 personas fueran condenadas a perpetua, el número es demasiado bajo y echa por tierra el cálculo apologético del peligro absoluto de la guerrilla. Más si lo contraponemos con el enorme número de causas..... tantas para pocas sentencias
[Aclaración: el concepto de "sentencias condenatorias" es impreciso y puede referir también a varias personas condenadas en una misma sentencia. No obstante, no modifica sustancialmente el panorama]
El apologista Agustin Laje en su libro "Los Mitos Setentistas", alaba la Cámara Federal de Lanusse como ejemplo de legalismo, eficacia y eficiencia. Pero tampoco ofrece la estadística del monto de sentencias. Incluso en un exceso de halago a la Cámara, Laje escribe, pag. 227:
Lamentablemente no cuantifica su concepto de "muchos". Pero en cualquier caso, es un error táctico del apologista escribir eso, puesto que eso revelaría que el fenómeno "terrorista" no era tan ostensible, tan grosero como para que la Cámara pudiera fácilmente encarcelar gente. Si los magistrados estaban, según Laje, convencidísimos en su intimidad que el acusado era ultra-terrorista pero no tenían pruebas para meterlo preso, entonces el fenómeno guerrillero no era ni mucho menos tan evidente, tan palpable como el apologismo lo ilustra en la supuesta persecución legal
En el libro del abogado apologista Javier Vigo Leguizamón "Amar al enemigo", en una conversación con Héctor Sandler (diputado de esa época), comenta este último que firmó el acta de liberación sobre una lista de 652 nombres. Pag. 114-115:
Lo que desmiente los 2.000 liberados de Nicolás Márquez. No especifica Sandler la trascendencia penal de esos liberados
En cuanto a la amnistía de Cámpora, los apologistas la elevan a la categoría de un apocalipsis. Amnistía que los apologistas omiten decir que tuvo una reacción espontánea con el devotazo. Amnistía que los apologistas omiten decir que era inevitable por la represión de la Cámara Federal, o por el gobierno de facto de Lanusse. Asi es como el gobierno de Cámpora, con el congreso, derogó la Cámara Federal y los artículos y leyes represivas. Si realmente íbamos a ir a una democracia (ponele), entonces las leyes represivas debían dictarse en democracia. Lamentablemente las leyes posteriores que se promulgaron desde la presidencia de Juan Domingo Perón en adelante serían una mierda de leyes, porque no castigaban taxativamente el robo, el secuestro, el homicidio sino que bajo la semántica ambigua del lenguaje se castigaría la propaganda ideológica, las huelgas, etc. Es decir: Otra vez sopa!!!
No tenía sentido, en ese contexto de la asunción de Cámpora, mantener encerrada a gente que, al margen de si sufrieron torturas o no, fueron individuos que "lucharon contra una dictadura", con independencia de si luego en el futuro mataban o no (quizás los apologistas pretendían que Cámpora y el congreso fuesen mentalistas para adivinar lo que harían los guerrilleros)
https://www.infobae.com/historia/2018/05/25/sin-indulto-ni-amnistia-como-fue-la-liberacion-de-los-presos-politicos-el-dia-25-de-mayo-de-1973-el-dia-de-la-asuncion-de-campora/
https://www.infobae.com/historia/2018/05/25/sin-indulto-ni-amnistia-como-fue-la-liberacion-de-los-presos-politicos-el-dia-25-de-mayo-de-1973-el-dia-de-la-asuncion-de-campora/
Manifestación en Devoto, mayo de 1973, para la liberación de los presos del gobierno de Lanusse ("Devotazo")
Paradójicamente, hasta José Rucci estaba de acuerdo con la acción guerrillera previo a marzo de 1973 (elecciones)
Si Cámpora hubiese querido ir mucho más al fondo, tendría que haber enjuiciado a todos los torturadores y cómplices de la tortura del gobierno de Lanusse (lo que, quizás, hubiese repercutido en un descenso de las actividades de la guerrilla con su justicia por mano propia). Pero eso estaba muuuuy lejos de sus modestas posibilidades coyunturales: habría requerido enjuiciar a un aparato policial y militar grande comprometido, que prácticamente hubiese provocado un golpe de Estado casi automático por parte de los acusados. Lamentablemente, la amnistía encontró a militantes y guerrilleros viendo en las calles a sus torturadores continuando de las suyas. Esa parte no te la cuentan los apologistas: sin dudas, se amnistió a guerrilleros (bueno, no todos eran guerrilleros pero se entiende la idea) y se eliminó las leyes represivas, pero al mismo tiempo se dejaba intacta la estructura material represiva
Como curiosidad, la amnistía de Cámpora benefició también a militantes ultraderechistas de la CNU, responsables de la muerte de Silvia Filler en 1971. Es decir, aunque esa amnistía le generara más rédito a la militancia de izquierda, fue concedida con generalidad y no con sesgo hacia la izquierda
Revista "El Descamisado" (afín a Montoneros) se queja de la amnistía de Cámpora hacia los miembros de la CNU que mataron a Silvia Filler. 12 de junio de 1973
El represor principal de Córdoba durante la dictadura, Luciano Benjamín Menéndez, en este programa de televisión de fines de los años 80, expresa en el minuto 7:02 la muletilla de la Cámara Federal y la amnistía de Cámpora
Después los apologistas acusan que la guerrilla mataba jueces y amenazaba a otros tantos, al punto de desbarajustar el sistema judicial. Pero estadísticamente, objetivamente ¿A cuántos jueces mató la guerrilla? Porque según la imaginería del apologismo, pareciera que hubo pilas y pilas de jueces muertos, para que nadie se animara a juzgar. Que nos digan los apologistas a cuántos jueces asesinaron los guerrilleros, asi vemos qué tan fundado era el miedo para abandonar todo sistema legal de persecución ¿A cuántos jueces amenazaron e intimidaron los guerrilleros? Hay cientos de jueces penales en todo el país. Que nos muestren una estadística al respecto ¿Cuántos guerrilleros fueron liberados en ese periodo 73-76 aunque tuvieran pruebas que eran terribles criminales? Además de los jueces de la Cámara Federal ¿A qué otros jueces amenazaron con precisión? ¿Qué acciones concretas hicieron los guerrilleros para atemorizar objetivamente jueces individualizados? Los apologistas, por favor, necesitan dar pruebas contundentes, concretas
Todavía uno de los jueces de esta Cámara Federal, Jaime Smart, terminó siendo ministro de gobierno durante la última dictadura y participó en la represión de Ramón Camps por la provincia de Buenos Aires ¡¡¡UN MIEDO TREMENDO TENÍA ESTE JUEZ QUE SE METIÓ A "COMBATIR" EN PLENA GUERRA ANTISUBVERSIVA!!! Pequeñito detalle que se les "olvida" a los apologistas como Juan Yofre cuando hablan del temor que sufrieron los jueces de Lanusse
Los poquitos jueces que tuvieron que exiliarse, o el juez Quiroga asesinado por la guerrilla, habían integrado la Cámara Federal (Quiroga tuvo incidencia en Trelew incluso)
Pero más allá de estas cuestiones ¿El temor de jueces fue el factor de inflexión para que nunca más se juzgara legalmente la guerrilla?? Tenemos unas pistas por parte del represor Acdel Vilas, quién fue el "creador" y comandante del primer centro clandestino masivo del país: La Escuelita de Famaillá. En su diario de operaciones, Vilas escribe lo siguiente acerca de la situación judicial para la guerrilla:
Con relación a la lucha antisubversiva, debía atenderse -y no se entendía- que la actividad subversiva no era una vulgar actividad de carácter delictivo. Hablar de delincuentes subversivos supone, desde un comienzo, favorecer la subversión, pues la actividad de ésta tiene por finalidad primordial destruir un orden jurídico-social dado y reemplazarlo por otro de fundamento marxista. De ahí su denominación, porque subvierte, justamente , los fundamentos del orden social, no solo en la faz militar sino en todas las manifestaciones de la vida social (cultural, instrucción pública, justicia, administración, economía). La actividad delincuencial, en cambio, integra el orden social, sin poder destruirlo, ya que está prevista y controlada por éste, implicando, sí, una suerte de disfunción dentro de la propia sociedad. Por esta razón (unida a los principios liberales decimonónicos hoy en franca retirada) la ley dota al delincuente "común" (no hay otro) de toda suerte de garantías, pues, sería definitiva, esas garantías jamás van a ser perjudiciales para la sociedad. Aplicar el mismo régimen a los subversivos significaba suicidarse. Era como querer curar una pulmonía con aspirinas...
Los guerrilleros, ni bien eran entregados a la justicia hacían valer las garantías que ésta les ofrecía. En prieta síntesis, las siguientes: cuerpo del delito (constatación fehaciente de los elementos materiales que prueban la perpetración del hecho delictuoso. En materia de armas, por ejemplo, la ley exige que se haga descripción detallada y pormenorizada de ellas, que dicha descripción se haga en acta, que esa acta sea suscripta por el propio imputado y por testigos y que previamente se exhiban las armas al imputado y de ello se deje constancia en acta); insuficiencia de la confesión para fundar una condena de no estar corroborada por el cuerpo del delito y alguna prueba indiciaria; principio de inocencia (la negativa a declarar no puede ser tomada como presunción en contra del procesado y la confesión no puede dividirse en perjuicio de éste sino cuando se constata mendacidad) y el sistema tarifado de apreciación de las pruebas (lo que significa que el juez debe valorar las pruebas según tablas que la ley le dicta, sin poder apartarse de las mismas, aunque su conciencia le indique lo contrario de lo que sentencia, es decir, aunque esté convencido en su fuero íntimo de la culpabilidad del reo debe absolverlo si no están dados los extremos probatorios que la ley regula). Si a esto se une que, en caso de duda objetiva, (la duda subjetiva no está contemplada por la ley) el juez debía absolver y no condenar, se concluirá que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, parafraseando el Evangelio, que condenar en sede judicial a un subversivo, quien por lo general sabía de leyes y conocía perfectamente su derecho a guardar silencio sin perjuicio de mentir impunemente. Como si fuera poco, los subversivos tenían aprendido de memoria lo que debían declarar, acusando a los funcionarios que intervinieron en el sumario de apremios ilegales, errores de procedimiento, etc. Los testigos de cargo, son pobres ciudadanos desprovistos de toda protección y de toda consideración por las autoridades, los que en consecuencia, al ser llamados por el juez a ratificar las actas que firmaron, "no saben nada", "no vieron nada", "firmaron sin leer", etcétera.
Tropezamos, además, con otro inconveniente que solo el tiempo solucionó. Mientras el interrogatorio tomado por la Policía Federal de Provincia era válido, el interrogatorio de un oficial del ejército, aún cuando pudiese parecer mentira, carecía de validez. Esta anomalía, o mejor, incongruencia de la justicia, tuvo que ser modificada a posteriori, pero en el plazo transcurrido desde mi arribo a la Vta. brigada y el momento de legitimarse los interrogatorios efectuados por oficiales de las Fuerzas Armadas, el trabajo fue penoso.
Por un lado, entonces, mi cuerpo de oficiales se veía impedido de tomar declaraciones; por el otro, los abogados, ni bien un guerrillero era hecho prisionero, presentaban un recurso de habeas corpus, recibiendo el apoyo del Colegio de Abogados de la ciudad, que hubo de solidarizarse con los "presos políticos". Sin demasiadas contemplaciones, pues, y pensando que las leyes se habían hecho para la Nación y no la Nación para las leyes, ni mucho menos, para los hombres de toga, pedí la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal -que siendo uno no alcanzaba a juzgar a todos los detenidos- y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia.
De todo lo visto y actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo criminal, copia poco modificada de la ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1857, previsto e instruido por la legislación liberal decimonónica para ser utilizado con los delincuentes comunes que figuran en los manuales lombrosianos. Tampoco tenía sentido la aplicación de una ley penal que se rigiese por los cánones del Derecho Penal occidental, si antes no se eliminaban los tipos, irretroactividad y las tarifas penales. Pero lo más importante de todo era que no podía cargarse sobre las espaldas de la justicia Federal el peso ya que la misma se hallaba ahíta de trabajo, carecía de infraestructura al verse obligada a depender de la policía y sus magistrados no tenían otra protección que la de establecer la pena de muerte para quien los asesinase. Así, no tenían otro remedio que navegar a dos aguas entre las fuerzas militares, naturalmente interesados en ver cristalizados sus esfuerzos operativos en los expedientes judiciales, y las subversivas, que sentenciaban a quien osara castigarlas. Esto, claro, no justifica la cobardía de muchos jueces; sólo la explica.
Cuando los sumarios llegaban al juzgado, el juez trataba por lo general de evadir su responsabilidad, sabiendo que si condenaba a un miembro del ERP, tarde o temprano sería hombre muerto. De tal forma, por cada condena que se lograba de un subversivo, había cien sobreseimientos definitivos, doscientos provisorios y quinientas faltas de mérito. Y si a esto le sumamos los kilos de papel borroneados, las horas de trabajo perdidas por el personal del juzgado, por el juez, y las mismas fuerzas Operacionales que veían cómo un subversivo, capturado con riesgo de muerte, salía a los pocos días, el panorama resultaba catastrófico. Impedido, apenas era yo un comandante de brigada de instaurar una Justicia Revolucionaria a cargo de tribunales especiales que funcionasen según el esquema de la justicia militar sus características debían ser: inmediación de la actuación de la autoridad militar; suficiencia probatoria de la prueba de confesión; apreciación de la prueba sin otro cartabón que la libre convicción de los jueces; régimen de informalismo en los procedimientos que evite nulidad por violaciones formales, y sistema de responsabilidad personal de los funcionarios militares que intervengan en la instrucción de los sumarios -decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes o cómplices de la subversión. ¿Que hacía tabla rasa con la justicia? En rigor, la justicia o quien debía ejercerla la habían traicionado previamente. El derecho está al servicio de la sociedad y no a la inversa. Por eso es que el derecho positivo es una aplicación concreta del derecho natural en un tiempo y lugar determinado. Y si el derecho positivo, saliéndose de sus cauces, violentaba y violaba al natural, yo no tenía por qué apegarme al dictamen de unos cuantos togados, siendo que el principio natural de la conservación me imponía inexcusables obligaciones para con mi Patria
Allí Vilas cree en el temor de los jueces, pero no es el único obstáculo para juzgar legalmente a la guerrilla. No sorprendentemente, el represor Vilas también considera las garantías constitucionales como un obstáculo para ganarle a la subversión, porque según la retorcida teoría de Vilas los subversivos no se amoldan a esas garantías; en cambio el delincuente común podía amoldarse
El represor Alfredo Astíz, en una entrevista que le concedió a Gabriela Cerruti en 1998, muestra ese enfoque "coincidente" con el pensamiento de Vilas:
(no transcribo la segunda razón porque no tiene que ver con el tema)
Aquí Astíz repite el consabido discurso de la amnistía del 73 como punto de quiebre, pero también el ideario que el sistema de Justicia con sus garantías constitucionales no es apto para encarcelar al subversivo, pues "no deja huellas" o "subvierte" las garantías para aprovecharse (una tesis que por cierto echa por tierra el paradigma de la amnistía: la existencia de una amnistía implica que la Justicia pudo meter preso a las personas. Además, si los represores no confiaban en la Justicia, ni siquiera debían preocuparse por una amnistía). Lo que no queda claro es cómo ellos determinaban y graduaban la inocencia o culpabilidad de un sujeto sin el sistema de garantías procesales o probatorias que Vilas cuestiona por ejemplo
enlace a la entrevista:
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/recuerdo-entrevista-al-genocida-astiz
Los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz repiten en sus libros el discursito que el modelo de delincuente común para la Justicia no se amolda a la subversión. Enlace a sus correspondientes libros:
https://es.scribd.com/doc/260116204/El-Poder-en-La-Sombra
https://es.scribd.com/document/375764380/La-Otra-Campana-Del-Nunca-Mas-Crio-Grl-M-Etchecolatz
En Italia también hubo jueces que sufrieron atentados por las Brigadas Rojas, y no se claudicó la lucha legal contra la guerrilla; del mismo modo que nadie piensa en claudicar la lucha legal contra el narcotráfico si un juez es amenazado de muerte o directamente asesinado, ni claudica por la existencia de amnistías. A los apologistas no les gusta que se les recuerde especialmente el caso de las Brigadas Rojas (ejemplo que ilustra el prólogo de la CONADEP) y tratan de inflar exageradamente el tamaño de la guerrilla argentina para romper la analogía; pero no solo ese inflamiento es fácilmente refutable sino que además represores muy importantes como Ramón Camps eran demasiado severos en tratar la "subversión" aun en países donde la presencia de guerrilla era risible. En su libro "El Poder en la Sombra", en la página 78, el represor Camps escribe:
9 años antes del Operativo Independencia, y 10 años antes del golpe de Estado, ya existía esta película que menciona el mismo cuento de las fuerzas armadas argentinas que "la ley no sirve para esta guerra de inteligencia", no solo porque impide las torturas sino porque también impide interrogar a cuanta gente se le cruce en el camino. Paradojas de la vida: esta película pretendía denunciar el accionar criminal de la contrainsurgencia francesa.... y terminó sirviendo en algunos lugares como material de enseñanza para represores
¿Y la cantidad de prisioneros a disposición del PEN??? Se ve que había mecanismos (dudosos pero más elegantes) para mantener a la gente en la cárcel; de hecho conocemos guerrilleros presos ¿Anguita? ¿Dante Gullo?? No estaban "todos libres". Pero los apologistas te quieren hacer ver que desde Cámpora en adelante la situación era de vacío total, sin leyes, sin jueces, sin nada que detenga el accionar terrible de la guerrilla ("accionar terrible" que dejó no obstante una cifra muy baja de 320 muertos desde el 73-76. Imposible decir que ese número constituyera un peligro bélico para el país). Que haya existido un estado de sitio y leyes ambiguas como la 20.840, no les debe parecer digno de mencionar para ellos. Que el accionar de la guerrilla varias veces estuviese dirigido a la justicia por mano propia por actos impunes que cometía la ultraderecha, tampoco
Hay mentiras y mentiras, como el lector contemplará en los restantes apartados: algunas mentiras de los apologistas pueden tener cierta "justificación" para reivindicar a las víctimas de la guerrilla. Por ejemplo, si te dicen que el ERP ocupó un tercio de Tucumán, esa mentira "quizás" tenga alguna coherencia con la necesidad jurídica de obtener reparación para una víctima de la guerrilla. Esas mentiras, pese a su falsedad, tal vez se puedan "perdonar". Pero hay otras mentiras que son una defensa encubierta de la dictadura de 1976. Si los apologistas te mienten diciendo que la Cámara Federal juzgaba legalmente y que por culpa de la muerte de Quiroga ya nadie juzgaría "legalmente" ¿Esa mentira en qué beneficia a las víctimas de la guerrilla? En nada. Es una mentira totalmente dirigida a legitimar la represión ilegal del gobierno militar. Por tanto, no es arbitrario que yo concluya que personajes como Victoria Villarruel son justificadores de la dictadura del 76: sus mentiras van más allá de la reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas
Los guerrilleros, ni bien eran entregados a la justicia hacían valer las garantías que ésta les ofrecía. En prieta síntesis, las siguientes: cuerpo del delito (constatación fehaciente de los elementos materiales que prueban la perpetración del hecho delictuoso. En materia de armas, por ejemplo, la ley exige que se haga descripción detallada y pormenorizada de ellas, que dicha descripción se haga en acta, que esa acta sea suscripta por el propio imputado y por testigos y que previamente se exhiban las armas al imputado y de ello se deje constancia en acta); insuficiencia de la confesión para fundar una condena de no estar corroborada por el cuerpo del delito y alguna prueba indiciaria; principio de inocencia (la negativa a declarar no puede ser tomada como presunción en contra del procesado y la confesión no puede dividirse en perjuicio de éste sino cuando se constata mendacidad) y el sistema tarifado de apreciación de las pruebas (lo que significa que el juez debe valorar las pruebas según tablas que la ley le dicta, sin poder apartarse de las mismas, aunque su conciencia le indique lo contrario de lo que sentencia, es decir, aunque esté convencido en su fuero íntimo de la culpabilidad del reo debe absolverlo si no están dados los extremos probatorios que la ley regula). Si a esto se une que, en caso de duda objetiva, (la duda subjetiva no está contemplada por la ley) el juez debía absolver y no condenar, se concluirá que es más fácil hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, parafraseando el Evangelio, que condenar en sede judicial a un subversivo, quien por lo general sabía de leyes y conocía perfectamente su derecho a guardar silencio sin perjuicio de mentir impunemente. Como si fuera poco, los subversivos tenían aprendido de memoria lo que debían declarar, acusando a los funcionarios que intervinieron en el sumario de apremios ilegales, errores de procedimiento, etc. Los testigos de cargo, son pobres ciudadanos desprovistos de toda protección y de toda consideración por las autoridades, los que en consecuencia, al ser llamados por el juez a ratificar las actas que firmaron, "no saben nada", "no vieron nada", "firmaron sin leer", etcétera.
Tropezamos, además, con otro inconveniente que solo el tiempo solucionó. Mientras el interrogatorio tomado por la Policía Federal de Provincia era válido, el interrogatorio de un oficial del ejército, aún cuando pudiese parecer mentira, carecía de validez. Esta anomalía, o mejor, incongruencia de la justicia, tuvo que ser modificada a posteriori, pero en el plazo transcurrido desde mi arribo a la Vta. brigada y el momento de legitimarse los interrogatorios efectuados por oficiales de las Fuerzas Armadas, el trabajo fue penoso.
Por un lado, entonces, mi cuerpo de oficiales se veía impedido de tomar declaraciones; por el otro, los abogados, ni bien un guerrillero era hecho prisionero, presentaban un recurso de habeas corpus, recibiendo el apoyo del Colegio de Abogados de la ciudad, que hubo de solidarizarse con los "presos políticos". Sin demasiadas contemplaciones, pues, y pensando que las leyes se habían hecho para la Nación y no la Nación para las leyes, ni mucho menos, para los hombres de toga, pedí la remoción de la Cámara de Apelaciones, del juez federal -que siendo uno no alcanzaba a juzgar a todos los detenidos- y del fiscal, tratando que los nuevos nombramientos recayesen sobre personas de inequívoca ortodoxia.
De todo lo visto y actuado pude concluir que no tenía sentido combatir a la subversión con un Código de Procedimientos en lo criminal, copia poco modificada de la ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1857, previsto e instruido por la legislación liberal decimonónica para ser utilizado con los delincuentes comunes que figuran en los manuales lombrosianos. Tampoco tenía sentido la aplicación de una ley penal que se rigiese por los cánones del Derecho Penal occidental, si antes no se eliminaban los tipos, irretroactividad y las tarifas penales. Pero lo más importante de todo era que no podía cargarse sobre las espaldas de la justicia Federal el peso ya que la misma se hallaba ahíta de trabajo, carecía de infraestructura al verse obligada a depender de la policía y sus magistrados no tenían otra protección que la de establecer la pena de muerte para quien los asesinase. Así, no tenían otro remedio que navegar a dos aguas entre las fuerzas militares, naturalmente interesados en ver cristalizados sus esfuerzos operativos en los expedientes judiciales, y las subversivas, que sentenciaban a quien osara castigarlas. Esto, claro, no justifica la cobardía de muchos jueces; sólo la explica.
Cuando los sumarios llegaban al juzgado, el juez trataba por lo general de evadir su responsabilidad, sabiendo que si condenaba a un miembro del ERP, tarde o temprano sería hombre muerto. De tal forma, por cada condena que se lograba de un subversivo, había cien sobreseimientos definitivos, doscientos provisorios y quinientas faltas de mérito. Y si a esto le sumamos los kilos de papel borroneados, las horas de trabajo perdidas por el personal del juzgado, por el juez, y las mismas fuerzas Operacionales que veían cómo un subversivo, capturado con riesgo de muerte, salía a los pocos días, el panorama resultaba catastrófico. Impedido, apenas era yo un comandante de brigada de instaurar una Justicia Revolucionaria a cargo de tribunales especiales que funcionasen según el esquema de la justicia militar sus características debían ser: inmediación de la actuación de la autoridad militar; suficiencia probatoria de la prueba de confesión; apreciación de la prueba sin otro cartabón que la libre convicción de los jueces; régimen de informalismo en los procedimientos que evite nulidad por violaciones formales, y sistema de responsabilidad personal de los funcionarios militares que intervengan en la instrucción de los sumarios -decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes o cómplices de la subversión. ¿Que hacía tabla rasa con la justicia? En rigor, la justicia o quien debía ejercerla la habían traicionado previamente. El derecho está al servicio de la sociedad y no a la inversa. Por eso es que el derecho positivo es una aplicación concreta del derecho natural en un tiempo y lugar determinado. Y si el derecho positivo, saliéndose de sus cauces, violentaba y violaba al natural, yo no tenía por qué apegarme al dictamen de unos cuantos togados, siendo que el principio natural de la conservación me imponía inexcusables obligaciones para con mi Patria
Allí Vilas cree en el temor de los jueces, pero no es el único obstáculo para juzgar legalmente a la guerrilla. No sorprendentemente, el represor Vilas también considera las garantías constitucionales como un obstáculo para ganarle a la subversión, porque según la retorcida teoría de Vilas los subversivos no se amoldan a esas garantías; en cambio el delincuente común podía amoldarse
El represor Alfredo Astíz, en una entrevista que le concedió a Gabriela Cerruti en 1998, muestra ese enfoque "coincidente" con el pensamiento de Vilas:
-[Astíz] Ya estaba la experiencia del 73, que los habían metido presos y después los amnistiaron, y salieron. No se podía correr el mismo riesgo. No había otro camino
-[entrevistadora] Salvo el camino de la justicia
-Imposible. Te voy a decir por qué. Hubo dos razones. La primera, que era imposible probarles nada. No había una prueba contra ninguno. Todavía no se les pudo probar nada. Si el único juicio que avanzó un poco y después de que el juez trabajó como loco fue el juicio contra Mario Eduardo Firmenich. Esa es la diferencia entre el terrorista, el guerrillero y el subversivo. El subversivo no deja huellas, ni pruebas, no se le puede probar nada
(no transcribo la segunda razón porque no tiene que ver con el tema)
Aquí Astíz repite el consabido discurso de la amnistía del 73 como punto de quiebre, pero también el ideario que el sistema de Justicia con sus garantías constitucionales no es apto para encarcelar al subversivo, pues "no deja huellas" o "subvierte" las garantías para aprovecharse (una tesis que por cierto echa por tierra el paradigma de la amnistía: la existencia de una amnistía implica que la Justicia pudo meter preso a las personas. Además, si los represores no confiaban en la Justicia, ni siquiera debían preocuparse por una amnistía). Lo que no queda claro es cómo ellos determinaban y graduaban la inocencia o culpabilidad de un sujeto sin el sistema de garantías procesales o probatorias que Vilas cuestiona por ejemplo
enlace a la entrevista:
http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/recuerdo-entrevista-al-genocida-astiz
Si uno añade a las declaraciones de estos represores, las condenas a bajo monto de la Cámara Federal, se entiende que en realidad la cosa es totalmente al revés de lo planteado por el apologismo: el problema no radicaba en condenar a un guerrillero en sede judicial, sino que los militares no tenían la capacidad de condenarlos a más años de lo que ellos quisieran si se respetaba el sistema procesal. Era estúpido condenar a un panfletero del ERP o de Montoneros a prisión perpetua, eso sencillamente no se podía. Aún la dura Cámara Federal de Lanusse le habría impuesto una condena baja. Y en una democracia realmente sólida hasta habrían de quedar libres por falta de mérito. Había una juventud radicalizada pero, como no cometían los delitos que ameritaran prisión eterna, no podían encerrarlos los militares bajo la pomposidad legalista (sin correr riesgos de presión internacional, mayor propaganda de la izquierda frente a los presos políticos, etc.). Tampoco se podía condenar a gente de las que no tenían suficientes pruebas de lo que se le reprochaba (aún aquellos marcados como peligrosos por los milicos)
He aquí un ejemplo de cómo la "legalista" Cámara Federal, detenía y enjuiciaba a algunas personas por tenencia de propaganda comunista. Los jueces de la Cámara dicen sobre el material secuestrado de los imputados, año 1971:
El folleto incriminado tiene, evidentemente, una tendencia subversiva y de agitación, pero, más propiamente, constituye una incitación pública a la violencia colectiva contra las instituciones, si tras recordar el “Cordobazo” como símbolo de combate, calificándolo de jornada memorable, sostiene que no hay otro camino que la lucha contra el divisionismo y el anticomunismo y que es necesaria la unidad de todo el pueblo en un gran frente que se convierta en una fuerza capaz de tumbar a la “dictadura” y sustituirla por un poder de nuevo contenido social. Con las finalidades que se exponen convoca a todas las fuerzas a unirse, sin discriminaciones, en la lucha para establecer nuevo gobierno provisional
Y toda esta cháchara mierdosa escriben los jueces.... para condenar a estas personas en suspenso. Esa es la contradicción enorme que tiene la Cámara Federal en todo su recorrido: por un lado es una Cámara inconstitucional, donde los detenidos son torturados, donde se detienen y enjuician personas por delitos ridículos como la propaganda subversiva.... y al mismo tiempo, los mismos jueces no pueden condenar a tantos años a una persona por simplemente tener un folleto "subversivo". Paradójicamente no fue la violencia sino la falta de violencia en estas personas, lo que imposibilitaba a la represión tratar legalmente estos temas, porque no podían condenarlas a elevadísimas penas
extraído de este enlace, pag. 16 referencia 36:
Artículo 3019 del Reglamento RC-8-3 en el que se establece la necesidad de hacer filmaciones y fotografías como prueba (judicial) para inculpar a los subversivos. Curioso cómo el reglamento plantea la misión de identificar a personas de escasa relevancia bélica como activistas, agitadores o provocadores
Los apologistas parece que no conocen tampoco el Procedimiento 212/75 firmado por Roberto Viola con motivo de la directiva 404/75 que acompañaba el decreto de aniquilamiento de octubre de 1975. Allí, se esgrimen argumentos muy interesantes sobre lo que pensaban los militares de los detenidos por hechos subversivos. Dice:
La experiencia adquirida por la Fuerza en la lucha contra la subversión, ha demostrado que detenidos y puestos bajo jurisdicción del Juez federal competente, por hallarse relacionados con hechos subversivos de cualquier procedencia, han recobrado la libertad por distintos motivos
En algunas circunstancias, los antecedentes subversivos que registraban dichos detenidos, no hacían conveniente la efectivización de tal medida, dado que era presumible que continuaran sumando sus esfuerzos al del oponente. La libertad podía lograrse por no hallarse los inculpados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en virtud del Decreto que regula el Estado de Sitio
Por otra parte, aún los que actualmente se encuentran bajo proceso, gozan de ciertos beneficios otorgados por el régimen de detención al que están sujetos, que no los desvinculan totalmente de tal accionar
pag. 1
Allí el Ejército demuestra su descontento por la Justicia de ese entonces, porque les daba la libertad a varios "subversivos" o les permitía gozar de ciertos beneficios en su régimen de encarcelamiento. A su parecer, esto sucedía por no estar lo suficientemente endurecida la medida de detención a disposición del PEN. De hecho ese procedimiento establece que de allí en más todo detenido debe pasar al PEN (pag. 2). Básicamente, a los militares no les gustaba el sistema constitucional del Poder Judicial, que era permisivo con la "subversión"
Nos parece ahora interesante rescatar un fragmento chiquito de la indagatoria al represor Manuel García Tallada, participante de las fuerzas de tarea que secuestraban y torturaban en la ESMA. Cuando declaró a la Justicia, explicó un poquito la metodología de la "subversión" y el modo en que ellos se enfrentaron a esta amenaza:
La subversión estaba organizada en células de tres a cinco terroristas, quienes no se conocían entre sí con sus datos reales ni tampoco conocían sus domicilios. Cada uno de ellos tenía documentos falsos y varios nombres de guerra, un sistema muy sofisticado de encuentros callejeros y concurrencias a reuniones; la mayoría no poseía antecedentes policiales, sus aspectos físicos no llamaban la atención y actuaban como ciudadanos comunes, casi todos jóvenes de hasta treinta años bien instruidos, armados y decididos a matar y matarse. Combatían sin respetar regla o ley alguna y en forma clandestina. En razón de ello, ante una captura, debía actuarse de inmediato para evitar la fuga de los miembros de su célula. A raíz de tal circunstancia, el mayor peso de las operaciones ofensivas debió recaer en las del tipo encubierto, en el lugar táctico de la acción, manteniendo los reglamentos, cadenas de comando y estructura orgánica
Para el caso que analizamos, lo importante de la declaración es cuando el represor dice: "la mayoría no poseía antecedentes policiales". Esto puede llevarnos a dos posibles opciones: o los secuestrados por la ESMA habían cometido innumerables acciones delictivas en el mundo real pero la policía nunca pudo labrarles un mísero antecedente penal de constancia.... o la otra opción es que los secuestrados hasta ese momento no habían desempeñado acciones con contenido penal. Sea cual sea la opción escogida, en modo alguno se hubiese solucionado con la Cámara Federal de Lanusse como los apologistas claman con su clausura
Los represores Ramón Camps y Miguel Etchecolatz repiten en sus libros el discursito que el modelo de delincuente común para la Justicia no se amolda a la subversión. Enlace a sus correspondientes libros:
https://es.scribd.com/doc/260116204/El-Poder-en-La-Sombra
https://es.scribd.com/document/375764380/La-Otra-Campana-Del-Nunca-Mas-Crio-Grl-M-Etchecolatz
En Italia también hubo jueces que sufrieron atentados por las Brigadas Rojas, y no se claudicó la lucha legal contra la guerrilla; del mismo modo que nadie piensa en claudicar la lucha legal contra el narcotráfico si un juez es amenazado de muerte o directamente asesinado, ni claudica por la existencia de amnistías. A los apologistas no les gusta que se les recuerde especialmente el caso de las Brigadas Rojas (ejemplo que ilustra el prólogo de la CONADEP) y tratan de inflar exageradamente el tamaño de la guerrilla argentina para romper la analogía; pero no solo ese inflamiento es fácilmente refutable sino que además represores muy importantes como Ramón Camps eran demasiado severos en tratar la "subversión" aun en países donde la presencia de guerrilla era risible. En su libro "El Poder en la Sombra", en la página 78, el represor Camps escribe:
Había incluso diez [organizaciones guerrilleras] que actuaban en Estados Unidos, donde se los combatió como hechos policiales, error de perspectiva que puede costar caro a esa potencia
Con independencia de la capacidad de la guerrilla argentina (que nunca superó los 1.500 - 2.000 combatientes como cifra más exagerada), los represores tenían instalado en su "marote" estas disparatadas teorías contra-insurgentes, donde hasta Estados Unidos debía combatir esos grupúsculos con los métodos de Camps
En 1966 se estrenó la película ítalo-argelina "La Batalla de Argelia", en el que se narra tanto las acciones insurgentes/terroristas del FLN (Frente de Liberación Nacional) argelino, como las operaciones contrainsurgentes de Francia para aniquilarla. A pesar de ser una película y no un documento, las escuelas militares argentinas utilizaron este film como parte de la instrucción y enseñanza de sus alumnos. A partir del minuto 55:44 tenemos la escena más famosa de la película, donde el coronel Mathieu explica la "mimetización" del enemigo y dibuja en el pizarrón su composición piramidal y celular. Pero lo que interesa aquí, es que el coronel se queja de la burocracia legal que impide "peinar" a todo el territorio mediante los interrogatorios:
9 años antes del Operativo Independencia, y 10 años antes del golpe de Estado, ya existía esta película que menciona el mismo cuento de las fuerzas armadas argentinas que "la ley no sirve para esta guerra de inteligencia", no solo porque impide las torturas sino porque también impide interrogar a cuanta gente se le cruce en el camino. Paradojas de la vida: esta película pretendía denunciar el accionar criminal de la contrainsurgencia francesa.... y terminó sirviendo en algunos lugares como material de enseñanza para represores
en el siguiente enlace, testimonio de cadetes de finales de los años 60 a quienes se les hizo visionar este film como "instrucción militar":
La revista SOMOS de septiembre de 1977, a propósito de la rememoración de la "victoria" en el Operativo Independencia, considera la legalidad como un obstáculo para la "guerra". Sobre el ejército de Vilas y su tarea, decía:
Vilas y sus tropas enfrentaban a un enemigo peligroso, artero, violador de todas las leyes de guerra, plástico, mutante, que los obligaba a improvisar y resolver todo rápidamente, y sin embargo tropezaban contra los rígidos mecanismos legales. El ejército tenía el poder militar, pero no el político ni el judicial. El guerrillero apresado tenía a su favor el habeas corpus y el abogado defensor
pag. 15:
https://es.scribd.com/doc/197812933/Tucuman-el-hecho-historico-por-el-General-Don-Adel-Edgardo-Vilas
Según la revista, el habeas corpus o el abogado defensor para un guerrillero ya detenido eran trabas que impedían la tarea militar, la dificultaban sobremanera. Parece que ciertas revistas ni se tomaban el decoro de disimular la justificación a la represión. Como sea, esto desmiente el discursito apologista que sostienen idiotas como Nicolás Márquez de "Cámpora desmanteló el sistema judicial"..... cuando el represor Vilas se quejaba por algo tan sencillo como la existencia de un abogado defensor
La queja venía importada del extranjero: Roger Trinquier, principal impulsor de la doctrina francesa, escribe en su libro "La Guerra Moderna", acerca de la cuestión constitucional con respecto a la guerrilla o los "terroristas":
Eso es lo que necesitan los terroristas para operar sin problemas: que las garantías constitucionales estén en vigor, a fin que el ejército o la policía se vean impedidos muchas veces para proceder en la forma que tienen que hacerlo si realmente quieren triunfar en su empeño de acabar con el enemigo
De acuerdo a la lógica implícita de Trinquier, se debe eliminar la legalidad para que no estorben los procedimientos "especiales" del ejército y la policía que conseguirán el triunfo contra la guerrilla. Los argentinos aprendieron bien la lección de los franceses
pag. 61:
De hecho, si usted lee este libro del año 1965, notará cómo la Argentina tomó casi milimétricamente al pie de la letra las enseñanzas de Trinquier y las aplicó al Operativo Independencia 10 años después: desde la aplicación de la tortura para interrogar, hasta la necesidad de controlar a la población rural (o urbana) para que no le puedan dar víveres e informes a los guerrilleros, o las operaciones nocturnas de emboscadas. Es un libro recomendado para aquellos interesados en conocer las influencias doctrinarias más directas de la represión militar
Agustin Laje en su libro "Los Mitos Setentistas", al igual que otros farsantes apologistas de su calibre, repiten la muletilla que, al estar desmantelada la Justicia por culpa de Cámpora, entonces se actuó contra la guerrilla de manera ilegal por parte de la Triple A. Aunque no se entiende qué tiene que ver el atentado contra Solari Yrigoyen o contra Rodolfo Ortega Peña, o contra los militantes del PC y el PST cometidos por la AAA, con el combate contra el terrorismo. Sin olvidar que el primer atentado de la Triple A fue en 1973, mientras la muerte de Quiroga a manos de la guerrilla fue en 1974; asi que la Triple A actuó ANTES del caso paradigmático de Quiroga ("emblema" de la supuesta falta de enjuiciamiento a los guerrilleros posterior al 25 de mayo del 73)
¿Y la cantidad de prisioneros a disposición del PEN??? Se ve que había mecanismos (dudosos pero más elegantes) para mantener a la gente en la cárcel; de hecho conocemos guerrilleros presos ¿Anguita? ¿Dante Gullo?? No estaban "todos libres". Pero los apologistas te quieren hacer ver que desde Cámpora en adelante la situación era de vacío total, sin leyes, sin jueces, sin nada que detenga el accionar terrible de la guerrilla ("accionar terrible" que dejó no obstante una cifra muy baja de 320 muertos desde el 73-76. Imposible decir que ese número constituyera un peligro bélico para el país). Que haya existido un estado de sitio y leyes ambiguas como la 20.840, no les debe parecer digno de mencionar para ellos. Que el accionar de la guerrilla varias veces estuviese dirigido a la justicia por mano propia por actos impunes que cometía la ultraderecha, tampoco
En el colmo colmísimo de la ironía, los principales sospechosos de asesinar al juez Quiroga fueron encarcelados!!! No, no miento. Hasta la misma Victoria Villarruel lo dice en su artículo del 2009:
Los asesinos del juez Quiroga fueron juzgados y condenados a 18 años de cárcel, pero apenas cumplieron unos años
Los acusados fueron liberados durante el gobierno de Alfonsín, cuando el "peligro subversivo" había terminado. O sea, que durante el apogeo de la guerrilla y de la "guerra", estas personas estuvieron encarceladas y no fueron liberadas o amnistiadas ni indultadas. No estaban pululando contribuyendo al apocalipsis bélico. Esto evidencia lo charlatanes que son los apologistas: te venden el cuento de Quiroga como el mártir que viró hacia la impunidad total de los guerrilleros durante el periodo 73-79..... cuando los principales acusados de su muerte fueron encarcelados!!!
Otro ejemplo muy elocuente de cómo funcionaba la Justicia con los guerrilleros en 1975. El militante montonero Gustavo Enrique Herrera, en su relato judicial:
Dijo que militó en Juventud Peronista y Montoneros; que fue detenido el 19 de marzo del 75 en la casa de sus padres, en Barrio Jardín. Fue llevado por una semana a la Policía Federal, donde fue torturado por Dellamico, Pérez y Tigretti o Fisquietti, indicó. Dijo que quien tomaba las declaraciones era Juan Carlos Lioski. Luego a los 6 días de su secuestro lo llevaron ante el juez Manlio Martínez y Guraiib de Ahualli que era la secretaria. Declaró esposado, le mostró sus torturas al juez; éste le preguntó al declarante si había sido examinado y el dicente le dijo que sí, que lo había revisado el médico legista Freidemberg, que no hizo constar nada; Martínez le dijo que bueno, que eran las reglas del juego. Contó que el juez buscó afanosamente que comprometiera a otras personas. En ese momento estaba detenido junto a su compañera. El juez quería que comprometiera a otras personas para imputarlos por asociación ilícita. No lo consiguió y le formó una causa por tenencia de explosivos y lo condenó a 9 años, lo que no correspondía porque la pena aplicable a ese delito era de 3 a 6 años. Tan es así, explicó el declarante, que un defensor público planteó eso
enlace, pag. 149 (conduce a la descarga automática):
Esto demuestra un par de cosas: que el Poder Judicial no estaba "paralizado" en el lapso 1973-1976 con respecto a la guerrilla (el caso de los condenados por Quiroga lo confirma hasta la misma Villarruel). Y más allá de las torturas a las que fue sometido el detenido, se revela la impotencia de los jueces derechistas para condenar a los "subversivos" a una pena mayor por simple tenencia de explosivos: le correspondía una pena de 3 o 4 años, pero el juez casi quería triplicarle la condena. Al final un abogado logró en una apelación que le impusieran los 3 años de cárcel, por lo que salió en libertad en 1978
Ya en dictadura, a una persona acusada de quemar un colectivo, la secuestraron y la derivaron a un centro clandestino donde la torturaron bárbaramente.... y todo ese sufrimiento para que luego el tribunal militar lo terminara condenando a 2 años de prisión. A partir pag. 253 testimonio de Félix Lopez, de la sig. causa judicial:
Este caso es un poco más alevoso: a una chica que solamente le encontraron panfletos del ERP, la torturaron y luego la condenaron a 5 años de prisión. Año 1975, "gobierno constitucional":
Es notable que además a la chica le buscaron antecedentes gremiales o políticos, no penales. Esto da cuenta de qué es lo que verdaderamente le importaba a la Policía
Por poner un ejemplo extremo, si hoy en día a una persona le encuentran panfletos nazis o del Ku Klux Klan, difícilmente vaya a la cárcel a 5 años. Pero en el supuesto "gobierno constitucional" de Isabel Perón, donde los apologistas aseguran que "no actuaba la Justicia, estaba atada de manos", pues: no solo actuaba, sino que hacía lo que se le daba la gana metiendo preso a quienes se les antojara (aunque eso no anula lo expuesto anteriormente: la llana imposibilidad de condenar a perpetua a un volantero o sindicalista molesto, que empujó a la matanza clandestina en los centros ilegales)
Repetimos que esas patéticas excusas sobre el asesinato de Quiroga que utilizan los apologistas ("a partir de Quiroga nadie se atrevería a juzgar legalmente al ERP y Montoneros") solo pretenden justificar la ilegalidad del gobierno del 76. Estaría bueno que los apologistas dijeran que entre la Triple A y la guerrilla izquierdista, había más guerrilleros en la cárcel que miembros de la Triple A durante los gobiernos del 73 en adelante
Estas mentiras apologéticas tienen tantos huecos como un colador, tal hemos notado en este posteo. Pero hay más todavía: si los jueces de la nación estaban cagadísimos las patas por las vendettas subversivas, recordemos que los militares instauraron los Consejos de Guerra para la persecución de graves delitos subversivos. Las conclusiones de la CONADEP recuerdan la existencia de estos consejos:
A pesar de afirmase en el «DOCUMENTO FINAL DE LA JUNTA MILITAR SOBRE LA GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO» que la subversión reclutó veinticinco mil efectivos de los cuales quince mil estaban «técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar», los Consejos de Guerra con competencia para juzgar tales delitos sólo sostuvieron cargos que concluyeran en condenas contra aproximadamente trescientas cincuenta personas
Estos Consejos, con independencia de su dudosa legalidad y legitimidad, contrarrestan la idea de un vacío total proclamado por el apologismo ¿Los jueces de estos Consejos de Guerra no estaban cagados las patas??
Hay mentiras y mentiras, como el lector contemplará en los restantes apartados: algunas mentiras de los apologistas pueden tener cierta "justificación" para reivindicar a las víctimas de la guerrilla. Por ejemplo, si te dicen que el ERP ocupó un tercio de Tucumán, esa mentira "quizás" tenga alguna coherencia con la necesidad jurídica de obtener reparación para una víctima de la guerrilla. Esas mentiras, pese a su falsedad, tal vez se puedan "perdonar". Pero hay otras mentiras que son una defensa encubierta de la dictadura de 1976. Si los apologistas te mienten diciendo que la Cámara Federal juzgaba legalmente y que por culpa de la muerte de Quiroga ya nadie juzgaría "legalmente" ¿Esa mentira en qué beneficia a las víctimas de la guerrilla? En nada. Es una mentira totalmente dirigida a legitimar la represión ilegal del gobierno militar. Por tanto, no es arbitrario que yo concluya que personajes como Victoria Villarruel son justificadores de la dictadura del 76: sus mentiras van más allá de la reivindicación a las víctimas de las organizaciones armadas
Obviamente la apologista se victimiza diciendo que los demás la acusan de defender la dictadura, solo porque quiere justicia para las víctimas de la guerrilla. Y también es cierto, no lo voy a negar, que existen muchos izquierdistas ideologizados que la atacan a Victoria Villarruel más por prejuicio ideológico que por argumentos. Pero no es lo que sucede en este modesto blog: acá decimos que Victoria Villarruel o Nicolás Márquez defienden la dictadura y lo respaldamos con datos, con argumentos. A mi no me van a correr con "no tenés datos y criticás emocionalmente". Pues claro que tengo los fundamentos y puedo demostrar cómo estos personajes mienten descaradamente. Aviso desde ya por enésima vez: no me importa que defiendan a la dictadura ni los critico por eso, pero si van a mentir, ENTONCES QUE SE BANQUEN LAS RESPUESTAS. Tampoco me importa las cuestiones familiares: me da igual si Victoria Villarruel tiene un padre militar que estuvo en el Operativo Independencia, o que el tío de Villarruel haya sido un represor de un centro clandestino; no la critico a ella por sus líneas sanguíneas sino porque MIENTE. Punto. Y lo vamos a demostrar en varios apartados sin necesidad que yo mencione al padre o al tío
¿Y los grupos de izquierda no mienten? Pues en esta temática de los años 70, no he notado que mientan.... salvo cuando hablan de 30 mil desaparecidos. Pero incluso eso se lo puede considerar una exageración del estimativo y no estrictamente una construcción de la mentira (no dicen que desaparecieron 10 millones de personas. Ahí SI sería una mentira alevosa). En otros temas no me hago cargo si mienten o no mienten, pero en cuanto a los años 70 he analizado que mienten y tergiversan muchísimo los grupos de derecha en comparación. En los restantes apartados del blog verán las fallas de los grupos izquierdistas sobre este capítulo de la historia, y son bastante "pavotes" los errores en contraposición con las salvajadas de los apologistas de la dictadura. Porque todavía cuando los izquierdistas optan por no hablar mucho de los atentados de la guerrilla, eso no es una omisión alevosa sino que forma parte de una discusión muy complicada de la valoración de los atentados que ni siquiera los apologistas han querido debatir (véase el apartado nuestro del blog "¿Por qué sería idealmente difícil un Parque de la Memoria para las víctimas de la guerrilla?")
Los grupos de derecha mienten tanto, que hasta hay un amigo de Cecilia Pando que dice haber inventado él mismo el número de 30 mil desapariciones (si, me refiero al mentiroso de Luis Labraña). Estela de Carlotto o Hebe de Bonafini tal vez no sean las personas con las que yo me muera de simpatía, pero al menos no llegan a esos extremos de sacarse de la galera a "amiguitos" para decir pelotudeces. Así de extravagantes son los apologistas de la derecha
En el caso comentado de la Cámara Federal, lo que pretenden los apologistas es echarle la culpa a la izquierda de la represión ilegal, dando a entender que fue Campora quien desmanteló las bondades legalistas de Lanusse. Asi que si criticamos la represión ilegal, deberíamos echarle la culpa a Campora y no a los amadísimos militares, que hicieron lo que pudieron. Para los apologistas, los militares son los pobrecitos que tuvieron que combatir la subversión con las escasas herramientas jurídicas de las que disponían
Estas mentiras además son incompatibles con otras verduras que se mandan los apologistas. Tanto Nicolás Márquez como Victoria Villarruel y Agustin Laje, han chamuyado diciendo que la guerrilla contó con 20 mil combatientes (cosa absurdamente falsa y explicada oportunamente en los apartados correspondientes del blog). Es decir, que si la Cámara Federal de Lanusse metió a 2.000 "terroristas" presos, no se entiende en absoluto que la amnistía de Campora explique el drama posterior cuando los 18 mil combatientes restantes podían haberse formado al margen de esos 2 mil. El poder de reclutamiento tan bestia del ERP y Montoneros que le adjudican los apologistas, hace que este suceso de la amnistía de Cámpora quede como un asunto bastante trivial, poco relevante
Ceferino Reato en su mediocre libro "Disposición Final" reproduce acríticamente la opinión de Videla, que no podían someter a la Justicia a esas "7 mil u 8 mil personas" desaparecidas de su gobierno porque ningún juez se iba a animar después de la fallida experiencia de la Cámara Federal de Lanusse, desmantelada por Cámpora. Claro que ni Videla ni Reato explican exactamente qué condenas hubieran recibido cada una de esas 8 mil personas para evaluar su peligro real (¿todos a perpetua? ¿todos absueltos? ¿todos a pena de 5 años?). Ni por supuesto, Reato en ningún momento controvierte esta falacia en cuestión de la Cámara Federal como santo grial
En conclusión, la Cámara Federal ni tan tan legalista, pero tampoco era lo suficientemente severa para los estándares que reclama el apologismo. Es decir, son los mismos apologistas quienes luego aseguran que la mayoría de los desaparecidos eran "terroristas" criminales tremendísimos y que la derogación de la Cámara de Lanusse impidió su juzgamiento legal. Pero esa Cámara Federal, aún con la permisividad a la tortura y las ilegalidades que cometía, esa misma Cámara demuestra al apologismo que muchos de los condenados no recibían una sanción penal tan rematadamente severa para caber en el concepto de "terrorista criminal ultra peligrosísimo". Una contradicción interna del apologismo, para variar
Lista de los 22 desaparecidos de la dictadura de Levingston a la asuncion de Campora
ResponderEliminar1- Nestor Martins 16/12/70
2- Nildo Zenteno 16/12/70
3- Julian Cahuana 1/1/71
4- Mario Gomez 1/2/71
5- Eusebio Belizan 15/2/71
6- Sara Palacio 2/7/71
7- Marcelo Verd 2/7/71
* Entra en funcionamiento el Camaron o Camara del Terror 7/7/71
8- Marta Misetich 13/7/71
9- Luis Pujals 17/9/71
10- Petrona Angela Contrera 1/12/71
11- Sara Kosoy 1/1/72
12- Lucio Altamirano 1/4/72
13- Jose Lopez Perez 24/5/72
14- Juan Puigjane 15/8/72
15- Ramon Rosa Jimenez 16/10/72
16- Angel Brandazza 28/11/72
17- Agustin Navarro 1/1/73
18- Joaquin Vega 1/1/73
19 - Agustin Amaya 1/1/73
20- Julio Causa 29/1/73
21- Gregorio Ayala 31/3/73
22- Guillermo Batallin 20/4/73
Fuentes :
* Parque de la Memoria Base de Datos
* Desaparecidos . Org